Hace dos años que 17 mujeres marroquíes denunciaron abusos sexuales y laborales en Huelva después de haber llegado a la provincia para trabajar como temporeras, con un contrato en origen, en la campaña de recogida de frutos rojos.
Gracias a las investigaciones de medios extranjeros de las condiciones de explotación y violencia a las que estas trabajadoras fueron sometidas en algunas empresas y fincas de la provincia fue cuando comenzó a hablarse abiertamente en los medios de comunicación españoles.

Hay más víctimas que no han salido a la luz por miedo a denunciar, callan, en primer lugar, porque no hablan castellano y apenas tienen contacto con otras personas que no sean compañeras de trabajo y su propio agresor.
En segundo lugar, por miedo a perder su empleo, única fuente de ingresos tanto para ellas como para sus familias, que esperan las remesas en Marruecos, donde ya han acumulado deudas para poder venir. Temen también ser expulsadas del país o detenidas por encontrarse en situación irregular si acuden a la Policía.
Pero sobre todo, temen acabar condenadas al ostracismo social en sus países, repudiadas por sus maridos y al considerar que están «sucias» por unos hechos de los que no tienen culpa alguna.

Actualmente, estás denunciantes se encuentran «totalmente desprotegidas», en situación irregular «viviendo como pueden y trabajando en lo que encuentran, sin posibilidad de regresar a su país y,algunas, con la custodia de sus hijos en peligro…

Han sufrido un calvario judicial y no ha habido por el momento ningún juicio.
Denunciar no les facilita la vida y los delitos de naturaleza sexual son difíciles de probar y suelen contar con testimonio en contra.
La lentitud de la justicia en España tienen un efecto claro en las víctimas.
Por eso, otras que no denunciaron, cuando les venció el permiso de estancia con el que vinieron, prefirieron irse. No han podido volver a otra campaña para trabajar.

El Ministerio de Igualdad reconoce que los recursos para la protección a este tipo de víctimas «son limitados» y por ello ve «fundamental avanzar en derechos» a través de la Ley de Libertad Sexual.
Por el momento es un anteproyecto de ley que se encuentra en fase de consultas para su inminente aprobación en el Consejo de Ministros. El Departamento de Irene Montero asegura que se abrirán muchas puertas.

Las empresas contratantes de las temporeras y las Instituciones Públicas españolas y marroquíes «tienen serios indicios para ser considerados casos de trata» al modelo de «migración circular» con el que llegan cada año cerca de 20.000 trabajadoras marroquíes a los campos de fresa onubenses.
La investigadora francesa Chadia Arabad en su tribuna titulada «DAMAS DE LA FRESA» explicaba que en Marruecos existe una negación de las agresiones sexuales a estas temporeras difícil de entender.
Unas palabras que pueden aplicarse al Estado Español en el caso de las víctimas de Huelva, abandonadas y desprotegidas dos años después de ser abusadas…

Jierro